Apurados por irse a ver el partido, los diputados de Rodríguez Saá aprobaron a libro cerrado el impuestazo

En la última sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados, el gobernador Alberto Rodríguez Saá se hizo con el primer paso para contar con el impuestazo de cara al 2023 gracias a los legisladores kirchneristas.

En poco más de dos horas de debate, el proyecto de Ley de la Impositiva Anual obtuvo la aprobación con 27 votos a favor y 15 en contra, todo en medio de serias críticas por parte de la oposición.

Uno de los principales puntos en discusión fue el prácticamente nulo tiempo para estudiar la iniciativa. Este miércoles obtuvo su estado legislativo y minutos después fue tratada en el recinto ante el apuro del oficialismo.

¿Qué dice el proyecto? Si bien el aumento general es del 60% hay impuestos que llegan al 100% y otros, más pronunciadamente, al 400%. El fundamento utilizado por Terrazas del Portezuelo es la proyección de la inflación de cara al siguiente periodo.

Quienes se encargaron conjuntamente en argumentar a favor del proyecto fueron la presidenta del bloque Fuerza San Luis (FSL), Gloria Petrino y la presidenta de la Comisión de Finanzas, Anabella Lucero.

La primera ponderó que el aumento “está por debajo de la inflación proyectada y por encima del aumento salarial otorgado” y que, además, “la política tributaria del Gobierno busca contemplar la situación de sectores con menor capacidad económica”.

“Es un esfuerzo del Gobierno. Es una herramienta que significa llevar adelante las políticas públicas con la convicción que el Estado sea un Estado presente y fuerte”, indicó.

Por su parte, Lucero se detuvo en informar detalles técnicos: “Lo más importante es que se modifican cinco artículos del Código Tributario. En el art. 80° se incorpora la ley de Innovación Financiera; en el 81° en relación a la fecha del pago considerándola como en el que se haga efectivo el ingreso de la suma de las cuentas especiales de la titularidad de la dirección de Entidades Recaudatorias; se deroga el 83° que se refiere a los requisitos de las estampillas fiscales y el papel sellado; se modifica el 206°, en relación al saldo resultante de las reorganizaciones societarias; se modifica el 210° en relación al mínimo general y especial”.

Pero estas afirmaciones de las diputadas fueron refutadas por parte de la oposición. El presidente del bloque Unidos por San Luis (USL), Gastón Hissa rechazó la iniciativa e hizo hincapié en la forma en que llegó el tratamiento al recinto.

“Como al oficialismo no se les escapa una y, aprovechando el clima mundialista, se introdujo la herramienta recaudatoria que en este contexto es una metida de mano al bolsillo de los sanluiseños”, señaló.

Para que sea discutido, el proyecto tuvo un tratamiento sobre tablas, esto quiere decir que no tuvo despacho de Comisión, tal como sucedió en los años anteriores. La razón de esta “urgencia” fue que el periodo 2022 “está finalizando”, según FSL. En otras oportunidades fue incluido en sesiones extraordinarias.

“La cuestión de la forma no la podemos dejar pasar porque ha sido muy imprudente. Tuvimos conocimiento el viernes a través de un mensaje y luego a través de un mail. Por lo menos ameritaba un cuarto intermedio. Quizás no es de interés el análisis para el oficialismo”, apuntó Hissa.

Por otra parte, centró su exposición en la crisis económica y el impacto que tiene la suba de los impuestos en la comunidad y en los emprendedores.

“En el Gran San Luis la pobreza es del casi 40% y el Gobierno provincial aumenta los impuestos y dice ‘no es tanto’. La gente va a empezar a pensar si come o paga los impuestos, claramente prefiere comer, no tendrá la capacidad contributiva para pagar”, destacó.

La actualización en Ingresos Brutos es del 50% y los mínimos especiales un 60%. Así, el importe mínimo mensual será de $1200. Además, se elevó un 100% el monto máximo de facturación para obtener la alícuota reducida.

Respecto al Automotor el incremento alcanza 100% y en el Inmobiliario el 60%.

Hissa explicó algunos otros ítems tributarios: “Las tasas administrativas, que para poder hacer cualquier cosa se necesitan pagarlas, subieron un hasta un 78%. En lo que compete al registro público de comercio hay incrementos que supera la barrera del 100%. Y en el rubro bajo la jurisdicción del programa defensa del consumidor se experimentarán subas del 400%”.

“Estos momentos son para alentar la producción, esta suba de impuestos no ayuda, no alienta. La presión tributaria es tan alta que se termina de aplicar el efecto contrario: que la gente no pague”, dijo.

Quien también mostró una postura crítica fue el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Luis Lucero Guillet. En su intervención hizo foco en la falta de tiempo de estudio.

“Este oficialismo está apurado para ir a comprar las facturas para ir a ver el partido de Argentina y Polonia. Quiere terminar el año legislativo ya. Quiere ver el Mundial tranquilo, irse de vacaciones, sumergirse en sus piletas aunque el pueblo de San Luis no tenga agua y vernos el 1° de abril”, aseveró.

También se detuvo en cómo “se beneficia al poder” en especial a “los funcionarios y amigos” del Gobierno provincial: “Nos permiten ver que el valor económico de un inmueble de 467 metros cuadrados en Villa Mercedes es de $2.432.996, sin embargo, un campo de 468 hectáreas en el Durazno tiene una valuación de $3.410.353, apenas $600 mil. El dueño de estas últimas tierras se llama Alberto Rodríguez Saá. Para eso está la Impositiva. Utilizan todo el andamiaje político y legislativo que tienen a favor para beneficio propio, hay que predicar con el ejemplo”.

Por su lado, Verónica Causi de Sanluiseños por el Cambio manifestó que se trata de “una vergüenza” la suba impositiva y que “el oficialismo levanta la mano sin consciencia de lo que se está tratando”.

Del debate también participaron los diputados Marisa Patafio e Ingrid Blumencweig de USL; Claudia Pinelli, Teresa Páez y Federico Berardo de FSL, Mario Raúl Merlo del Frente de Todos; y Mario Alume de Resistencia Peronista.

Finalmente, el proyecto fue aprobado. Con esta media sanción ahora quedará en manos de la Cámara de Senadores. Se espera que sea tratado el próximo jueves a las 10 de la mañana.